La agricultura entrerriana sigue atravesada por un fallo judicial que tiene un enorme impacto en la estructura productiva. Fija una zona de exclusión para las aplicaciones terrestres de agroquímicos de 1.000 metros alrededor de una escuela rural y de 3.000 metros para las pulverizaciones aéreas.

Esta mañana, un grupo de 300 productores se concentró en el acceso al túnel subfluvial, que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, para protestar contra esta decisión judicial, que fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y está vigente.

“Estamos muy preocupados. En la provincia hay 1.095 escuelas rurales y sólo tomando en cuenta la zona de exclusión de aplicaciones terrestres el fallo implica que no se pueden utilizar agroquímicos en más de 350.000 hectáreas”, dijo Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural de Entre Ríos.

El fallo está vigente desde 2018, luego del dictamen de un juez de primera instancia por una presentación de una organización ambientalista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el sindicato que nuclea a los docentes.

En el acceso al túnel, los productores llevaron carteles, afiches y también repartieron folletos entre los automovilistas. “Queremos que nuestro mensaje llegue a los centros urbanos para que se comprenda que es necesario que el gobierno provincial redacte un nuevo decreto”, explicó Fedlkamp.

Es que a principios de enero de este año, el gobierno entrerriano publicó un decreto que estableció en 100 metros el límite para las pulverizaciones terrestres y en 500 metros la prohibición para las aéreas. Pero ante una medida cautelar de la ONG ambientalista y Agmer, a la que hizo lugar la Justicia entrerriana, quedó vigente el fallo anterior.

En enero, el gobierno entrerriano había fijado como límite para las aplicaciones terrestres una distancia de 100 metros alrededor de una escuela.

En enero, el gobierno entrerriano había fijado como límite para las aplicaciones terrestres una distancia de 100 metros alrededor de una escuela.

En mayo, cuando los productores entrerrianos se movilizaron a la sede del poder judicial en Paraná, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, pidió acreditar con estudios científicos que los productos que se utilizan para fumigar no producen daños a la salud. “Algo que hoy no está acreditado”, planteó. Es el mismo criterio que el fallo de primera instancia, que estipula que el gobierno entrerriano debe demostrar que los agroquímicos utilizados no son perjudiciales para la salud para que se puedan utilizar más cerca de las escuelas.

En la recta final de la siembra de trigo, el escenario para los productores entrerrianos es incierto. “Los ingenieros agrónomos dudan de hacer la receta porque no quieren tener problemas”, contó Feldkamp.